Controversia relativa
a la obligación
de negociar un acceso
al Océano Pacífico

El 14 de abril, Bolivia y Chile firman el Pacto de Tregua para “declarar el fin del estado de guerra” entre ambos países. El acuerdo estableció que Chile “seguiría gobernando” el territorio costero que fuera boliviano y preveía explícitamente la posterior celebración de un tratado de paz definitivo.

El 20 de octubre, Chile y Bolivia firman el Tratado de Paz y Amistad, que delimita de forma definitiva las fronteras entre ambos Estados. El artículo VI del documento dispone que Chile otorgará “a favor de Bolivia a perpetuidad el derecho más pleno e irrestricto de tránsito comercial en su territorio y sus puertos del Pacífico”. Para facilitar el acceso de Bolivia al mar, el Tratado de Paz contempló la construcción de una vía férrea entre el puerto de Arica y el Alto de La Paz, a expensas exclusivas de Chile.

Bolivia escribe al Secretario General de la Sociedad de las Naciones para que el organismo revise el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Luego del análisis de una comisión experta, la Sociedad de las Naciones se declara incompetente para intervenir en un asunto ya resuelto entre dos Estados.

Ambos Estados concluyen una serie de acuerdos que mejoran el acceso de Bolivia al Pacífico. No se habla de salida soberana al mar durante todos esos años.

Los generales Pinochet y Banzer impulsan un acercamiento que prevé un canje de territorio entre los Estados, con la posibilidad de ceder a Bolivia una franja con salida al mar al norte de Arica, en la frontera con Perú. Lima se niega, las opiniones públicas de Chile y Bolivia se manifiestan en contra y las conversaciones fracasan. Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Chile.

Michelle Bachelet y Evo Morales promueven un diálogo sobre los aspectos esenciales de la relación bilateral. La llamada Agenda de los 13 puntos contempla el tema marítimo, pero ninguno de los dos países incluye referencias sobre una salida soberana al mar para Bolivia, ni al inicio ni en las conversaciones siguientes.

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece, en su artículo 267, "El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. La solución efectiva y rápida a través de medios pacíficos al diferendo marítimo boliviano es una prioridad nacional de todos los bolivianos y bolivianas".

El presidente Sebastián Piñera propone dos opciones a Bolivia para mejorar su acceso al mar: un enclave costero no soberano al norte de Arica y un centro de desarrollo industrial. Se crea la Comisión Binacional de Alto Nivel para discutir el asunto.

Bolivia sorprende con un giro en su actitud frente a Chile y da un ultimátum a Santiago para que ofrezca propuestas concretas. El 23 de marzo, en un discurso por el Día del Mar, el presidente Evo Morales anuncia que su país acudirá a la Corte Internacional de Justicia para solucionar su problema marítimo.

El 24 de abril, el Estado Plurinacional de Bolivia interpone una demanda ante la CIJ para que la corte obligue a Chile a negociar una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia. Con esta acción, comienza el proceso.

El 17 de abril, el Estado Plurinacional de Bolivia entrega a la CIJ la memoria, el documento que fundamenta su demanda.

El 15 de julio, la República de Chile impugna la competencia de La Haya en el caso a través de objeciones preliminares, solicitando al tribunal que se declare carente de jurisdicción".

Tras la respuesta por escrito de Bolivia ante las objeciones preliminares interpuestas por Chile y una ronda de audiencias orales en la sede de La Haya, el 24 de septiembre la CIJ, por amplia mayoría, rechaza la impugnación chilena y se declara competente. El juicio continúa.

El 13 de julio, el agente Claudio Grossman entrega a la corte la contramemoria de la República de Chile.

El 21 de marzo, Bolivia entrega su réplica.

El 15 de septiembre, Chile entrega a la CIJ la dúplica, esto es la respuesta por escrito a la réplica boliviana.

Entre el 19 y 28 de marzo se realizan las audiencias orales en el Palacio de la Paz de La Haya. Son dos rondas de alegatos, donde los equipos jurídicos de Chile y Bolivia entregan sus argumentos para la consideración de los jueces.

El 1 de octubre, el presidente de la CIJ, juez Abdulqawi Ahmed Yusuf, da lectura a la sentencia. Por 12 votos contra 3, la corte dictamina que Chile no tiene obligación legal de negociar una salida al océano Pacífico para Bolivia. Rotundo triunfo chileno y fin a cinco años de litigio.